Referí-libertad: presentación y funcionamiento

El referí-libertad es un procedimiento de urgencia que permite al juez administrativo intervenir en un plazo de 48 horas cuando una decisión administrativa causa un atentado grave y manifiestamente ilegal a una libertad fundamental.

Este mecanismo fue instaurado por la ley n° 2000-597 del 30 de junio de 2000, y figura en el artículo L. 521-2 del Código de justicia administrativa (CJA). Es similar al referí-suspensión, pero se distingue por la urgencia y la gravedad de las situaciones concernidas.

1. Tribunal competente

La solicitud debe presentarse ante el tribunal administrativo competente en primera instancia.
Aunque el asunto principal corresponda a otra jurisdicción (tribunal administrativo de apelación, Consejo de Estado), solo el tribunal administrativo es competente para examinar un referí-libertad.
El tribunal territorialmente competente es el que juzgaría el recurso de fondo (ejemplo: contestación de un defecto de mantenimiento en prisión).

⚠️ Si el solicitante presenta ante un tribunal incompetente, el juez de referí rechaza la solicitud sin transmitirla (art. R. 522-8-1 CJA).

2. Condiciones de admisibilidad

No se necesita abogado para introducir la solicitud.
La solicitud debe citar el artículo L. 521-2 CJA desde la primera página.
El referí-libertad es inadmisible si el recurso principal es tardío: no permite "recuperar" un plazo expirado.
Está prohibido combinar en una misma solicitud el referí-libertad y el referí-suspensión.

👉 Las personas morales deben probar la capacidad de su representante. 👉 Un menor puede actuar en referí-libertad en ciertas situaciones excepcionales (ejemplo: un menor extranjero aislado).

El juez puede rechazar inmediatamente las solicitudes manifiestamente inadmisibles (art. L. 522-3 CJA).

3. Condiciones de fondo

Para que el referí-libertad sea concedido, deben reunirse tres condiciones:

a) Atentado a una libertad fundamental

Entre las libertades reconocidas: libertad de ir y venir, libertad de expresión, libertad de culto, derecho de huelga, derecho de propiedad, derecho a la vida familiar normal, derecho de asilo, derecho al alojamiento de urgencia, etc. Estas libertades deben conciliarse con los imperativos de orden público.

b) Un atentado grave y manifiestamente ilegal

Gravedad: más allá de una simple irregularidad de procedimiento.
Ilegalidad manifiesta: la ilegalidad debe ser flagrante e indiscutible.

c) Urgencia en pronunciarse

La urgencia se caracteriza si la decisión contestada causa un perjuicio inmediato y serio al solicitante o al interés público. La presentación debe hacerse rápidamente: una solicitud tardía no puede invocar la urgencia.

Podemos asistirle si su situación es urgente

4. Desarrollo de la audiencia

El juez convoca a las partes si la solicitud es admisible y seria.
En principio, un solo juez resuelve; excepcionalmente, tres jueces pueden reunirse.
El procedimiento es contradictorio pero acelerado: lo esencial del debate se desarrolla en la audiencia.
La instrucción se cierra al final de la audiencia salvo prolongación.
El fiscal público no interviene, salvo si el asunto es juzgado en formación colegiada.

5. Poderes y decisión del juez

El juez resuelve en principio en las 48 horas.
Puede ordenar todas las medidas necesarias: suspensión de la decisión administrativa, requerimientos a la administración, etc.
Su decisión es provisional: no vale como anulación definitiva del acto contestado.

6. Recursos y contestación

Modificación o supresión: el juez puede adaptar sus medidas si aparecen elementos nuevos (art. L. 521-4 CJA).
Apelación: las resoluciones del tribunal administrativo pueden ser contestadas ante el Consejo de Estado en un plazo de 15 días.
Casación: las resoluciones de selección están sujetas al control de casación (art. L. 523-1 CJA).

Referí-libertad: procedimiento de urgencia para proteger las libertades fundamentales